¿Cuántos militares en activo participan hoy en competencias deportivas nacionales e internacionales representando a México?

La pregunta no es una crítica a que sean militares ni al desempeño de los atletas. La crítica es estructural: ese doble rol —militar y deportista de alto rendimiento— forma parte de un proceso más amplio de militarización de la vida pública en México, incluido el deporte.

Mientras el discurso oficial insiste en que “jóvenes deportistas” representan al país en juegos y competencias internacionales, se omite una dimensión clave: muchos de ellos no son deportistas civiles, sino integrantes de las Fuerzas Armadas o de corporaciones militarizadas. Esta inserción del aparato militar en el deporte tiene consecuencias concretas: prácticas institucionales diferenciadas, acceso privilegiado a presupuestos públicos, infraestructura, salarios y estabilidad laboral que no tienen la mayoría de las y los deportistas civiles.

El problema no es que una militar compita; el problema es que el Estado normaliza que la representación deportiva nacional dependa cada vez más de instituciones armadas, mientras el apoyo al deporte civil sigue siendo insuficiente, precario o inexistente.

La arquera mexicana Ana Paula Vázquez reconoció el apoyo de la afición poblana

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“Que los militares regresen a los cuarteles”: ¿pero cuándo estuvieron dentro?

 

Otra idea que comenté hace algunos días es que no coincido plenamente con la noción —repetida tanto por opositores al gobierno actual como por militantes del propio régimen— de que el ejército “debe regresar a los cuarteles”. Mi desacuerdo parte de una premisa sencilla: no existe evidencia histórica sólida de que las Fuerzas Armadas mexicanas hayan estado alguna vez confinadas exclusivamente a los cuarteles, y mucho menos de que su presencia en el espacio público sea un fenómeno reciente.

Por el contrario, el ejército ha sido un actor constante en la vida política y social del país, no solo durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, sino desde mucho antes. Su participación ha adoptado distintas formas —seguridad, gobierno, administración pública—, pero rara vez ha estado ausente.

Un ejemplo ilustrativo de ello lo ofrece un informe fechado el 25 de octubre de 1955, elaborado por la Dirección Federal de Seguridad y dirigido a su titular, en el que se celebra al general Jesús Lozoya Solís como gobernador interino de Chihuahua tras la renuncia de Óscar Soto Maynez. El documento, encontrado de manera casi fortuita —una verdadera serendipia nocturna—, muestra con claridad cómo un militar en activo ocupaba simultáneamente un cargo político de alta responsabilidad.

Jesús Lozoya Solís, padre de Jorge Alberto Lozoya, posteriormente reconocido como pionero de los estudios contemporáneos sobre lo militar en México, encarnó esta doble condición de militar y político. A partir de aquí, resulta secundario si solicitó licencia o dejó formalmente el servicio activo: lo relevante es la normalización de la presencia castrense en funciones políticas y civiles. Desde luego, no se trata de un caso excepcional —basta revisar la literatura sobre gobernadores militares (Villalpando, 2014)—, pero sí de un ejemplo sintomático.

Todo ello refuerza la idea de que el recurso al ejército es constitutivo de la práctica política en México. La vieja fórmula que justifica su despliegue bajo el argumento de que “el militar es un elemento responsable” resulta, por lo menos, insuficiente. Más que una anomalía reciente, la militarización aparece como una continuidad histórica profundamente arraigada en la arquitectura del Estado mexicano.

Fuente: Archivos de la represión

 

Cuando la evidencia incomoda: el rechazo gubernamental a toda crítica no afín y la normalización del absurdo

 

El jueves pasado, durante la presentación de mi examen, el Dr. Leonardo Valdés Zurita me planteó si las violaciones a derechos humanos deben entenderse como un fenómeno coyuntural o estructural y, en ese sentido, si dichas violaciones son producto del tipo de cuerpo de seguridad empleado como mecanismo de contención.

Mi respuesta la articulé en dos ejes. En primer lugar, sostuve que no se trata de un fenómeno coyuntural —o, en todo caso, no meramente coyuntural—, sino sistemático. Esto se debe a que, a partir de una delimitación espacio-temporal precisa, las violaciones a derechos humanos que analizo se presentan de manera constante desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si bien una coyuntura política podría, en teoría, modificar estas prácticas y abandonar conductas de corte autoritario, el escenario actual persiste porque tales violaciones son promovidas, toleradas e incluso alentadas desde los distintos órdenes de gobierno. Ello ocurre a pesar de que el discurso oficial no sea abiertamente securitizante. El despliegue permanente de elementos de la Guardia Nacional constituye, en sí mismo, una evidencia fáctica de esta lógica.

En segundo lugar, argumenté que el propio cuerpo de seguridad utilizado constituye el núcleo del problema. Los elementos de la Guardia Nacional son, en los hechos, elementos del Ejército mexicano y no fuerzas civiles. Mientras estos actores permanezcan desempeñando funciones para las que no deberían estar destinados, será imposible erradicar las violaciones a derechos humanos. Imposible.

Hoy siguen empeñados en el absurdo:

México rechaza informe

 

Confuso

 

Rudo

 

Troncos