La pregunta no es una crítica a que sean militares ni al desempeño de los atletas. La crítica es estructural: ese doble rol —militar y deportista de alto rendimiento— forma parte de un proceso más amplio de militarización de la vida pública en México, incluido el deporte.
Mientras el discurso oficial insiste en que “jóvenes deportistas” representan al país en juegos y competencias internacionales, se omite una dimensión clave: muchos de ellos no son deportistas civiles, sino integrantes de las Fuerzas Armadas o de corporaciones militarizadas. Esta inserción del aparato militar en el deporte tiene consecuencias concretas: prácticas institucionales diferenciadas, acceso privilegiado a presupuestos públicos, infraestructura, salarios y estabilidad laboral que no tienen la mayoría de las y los deportistas civiles.
El problema no es que una militar compita; el problema es que el Estado normaliza que la representación deportiva nacional dependa cada vez más de instituciones armadas, mientras el apoyo al deporte civil sigue siendo insuficiente, precario o inexistente.
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