Otra idea que
comenté hace algunos días es que no coincido plenamente con la noción —repetida
tanto por opositores al gobierno actual como por militantes del propio régimen—
de que el ejército “debe regresar a los cuarteles”. Mi desacuerdo parte de una
premisa sencilla: no existe evidencia histórica sólida de que las Fuerzas
Armadas mexicanas hayan estado alguna vez confinadas exclusivamente a los
cuarteles, y mucho menos de que su presencia en el espacio público sea un
fenómeno reciente.
Por el
contrario, el ejército ha sido un actor constante en la vida política y social
del país, no solo durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada
en el sexenio de Felipe Calderón, sino desde mucho antes. Su participación ha
adoptado distintas formas —seguridad, gobierno, administración pública—, pero
rara vez ha estado ausente.
Un ejemplo
ilustrativo de ello lo ofrece un informe fechado el 25 de octubre de 1955,
elaborado por la Dirección Federal de Seguridad y dirigido a su titular, en el
que se celebra al general Jesús Lozoya Solís como gobernador interino de
Chihuahua tras la renuncia de Óscar Soto Maynez. El documento, encontrado de
manera casi fortuita —una verdadera serendipia nocturna—, muestra con claridad
cómo un militar en activo ocupaba simultáneamente un cargo político de alta
responsabilidad.
Jesús Lozoya
Solís, padre de Jorge Alberto Lozoya, posteriormente reconocido como pionero de
los estudios contemporáneos sobre lo militar en México, encarnó esta doble
condición de militar y político. A partir de aquí, resulta secundario si
solicitó licencia o dejó formalmente el servicio activo: lo relevante es la
normalización de la presencia castrense en funciones políticas y civiles. Desde
luego, no se trata de un caso excepcional —basta revisar la literatura sobre
gobernadores militares (Villalpando, 2014)—, pero sí de un ejemplo sintomático.
Todo ello
refuerza la idea de que el recurso al ejército es constitutivo de la práctica
política en México. La vieja fórmula que justifica su despliegue bajo el
argumento de que “el militar es un elemento responsable” resulta, por lo menos,
insuficiente. Más que una anomalía reciente, la militarización aparece como una
continuidad histórica profundamente arraigada en la arquitectura del Estado
mexicano.
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